El Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz, entrará a otra etapa institucional a raíz de la salida del contador René Mariani Ochoa como auditor general. Todo una proeza llegar a fiscalizar los recursos públicos a lo largo de nuestra historia. El recurso público no es más que los impuestos que se le pagan al gobierno y a los ayuntamientos para que presten los servicios que requiere la población. Tomarlos para provecho personal es un delito. En los años 1800 y en los 1900, hubo hombres y mujeres que no necesitaron de leyes para obligarlos a ser honrados, y el mejor ejemplo fue el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien murió pobre en su casa del puerto de Veracruz.
En cambio, hay a lo largo de nuestra historia “agarralones” y uno de los más conocidos fue Antonio López de Santa Ana. Nuestra primera constitución de 1825 sólo hablaba de las responsabilidades en el manejo de los recursos públicos, pero no sanciones como lo establece la de 1857 para los funcionarios del poder ejecutivo. Fue hasta 1878, que la constitución local contempla “glosar” las cuentas de los ayuntamientos y a quienes les caían robando sólo los obligaban a devolver lo sustraído.
La constitución de 1917 que se realizó en Córdoba, ya trae lineamientos más claros sobre las cuentas de los ayuntamientos, el gobierno del estado y la legislatura, que se deberían no sólo ajustar al presupuesto, sino justificar los gastos. La revisión era realizada por la desaparecida Dirección de Glosa del Estado y las cuentas aprobadas por el pleno de la Legislatura. A raíz de que en 1997, el gobierno federal trasfirió recursos adicionales para el “combate a la pobreza” a los ayuntamientos, hubo quienes se sirvieron con la “cuchara grande” y se suponía que eran supervisados por la Contraloría estatal, pero lo cierto es que ésta no tenía la capacidad estructural para vigilar y en el asunto no tenía que ver la legislatura.
En 1998, al reformarse en el Congreso de la Unión la Ley de Coordinación Fiscal, la responsabilidad se la pasaron a las legislaturas y la antigua Dirección de Glosa se quedó chiquita, por lo que se crea la Contaduría Mayor de Hacienda; y fue precisamente el gobernador Miguel Alemán, en las reformas constitucionales del 2000, cuando instituye el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, recayendo la titularidad en el encargado de la Contaduría Mayor de Hacienda, René Mariani Ochoa.
A raíz de que se crea el ORFIS, se tiene que adecuar toda la normatividad basados en la constitución para fiscalizar al gobierno del estado, legislatura, poder judicial y a los ayuntamientos, y se avanzó hasta la construcción del edificio, allá por plaza Las Américas, en Xalapa. En sus 5 años de funcionamiento, tuvo errores, desaciertos y sobre todo presiones políticas de todo tipo. Primero como Contaduría Mayor de Hacienda y después como ORFIS, René Mariani Ochoa trabajó con tres legislaturas: LVIII, LIX y la LX, que funciona actualmente.
Sin un ORFIS, los gobernadores que más munícipes metieron a la cárcel, fueron Agustín Acosta Lagunes y Dante Delgado, pero como se decía: “Mételo a la cárcel y si al revisarles las cuentas no les encuentran nada, se los ponen”. El mismo Dante no hubiera sido encarcelado si hubiera existido el ORFIS, porque este organismo le hubiera dado la oportunidad de aclarar los más de 400 millones de pesos que le reclamaban o que el delito había prescrito; así que para meter a la cárcel a un funcionario o munícipe con fuero o no, éste tiene derecho a defenderse y los que no logran comprobar sus gastos, el caso se pasa al jurídico de la legislatura y ésta a la vez a la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes si encuentran elementos los consignan a un juez, y van posiblemente la cárcel.
En la historia de la Dirección de Glosa, si también es cierto se metieron a la cárcel a funcionarios, también es cierto que nunca se recuperó un centavo del dinero del pueblo. En la era del ORFIS, se han encontrado dos problemas vitales para castigar a los saqueadores: el primero es la resistencia de los alemanistas, los creadores del ORFIS, a someterse a la ley y hoy hasta promueven la desaparición del mismo; y la segunda es que no logran “embonar” el ORFIS y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia, porque la primera pertenece al poder legislativo y la segunda al poder ejecutivo, y al final de cuentas el gobernador decide quien sí se va a la cárcel o no, y esto ya no es rendición de cuentas, ni asunto jurídico, sino político.
Así que usted sabrá cómo sobrepasan el ciento las denuncias del ORFIS en manos de la Procuraduría de Justicia que no caminan si no lo ordena el gobernador, pero lo más interesante es que en esas denuncias hay funcionarios alemanistas y munícipes de varios partidos (sobretodo del PAN y el PRI); así que para saqueadores, fidelistas y algunos diputados locales, no tiene caso que exista el ORFIS gastándose millones de pesos en auditorías, si al final dejarán de castigar al que quieran, como es la defensa del PAN al alcalde de Las Choapas, asesino intelectual de un regidor panista, quien no tiene cuentas claras. Ahí esta el caso de Martín Cabrera Zavaleta, ex alcalde priísta de Orizaba, que se pasea con toda impunidad pese a existir orden de aprehensión por peculado; o el por segunda vez alcalde de Tantoyuca, Joaquín Guzmán Avilés, a quien nadie pudo desaforar por los desvíos en su primer periodo.
Cuando la diputada Gladys Merlín Castro manifestó en tribuna la conveniencia de desaparecer el ORFIS y volver a la Contaduría de Hacienda dependiente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, sonó fuera de lugar, pero qué verdad encerraban sus palabras. El ORFIS, el ejemplo nacional de transparencia de los recursos públicos, en vez de desaparecer se lo reparten entre el PRI y el PAN y entra en el Pacto de Gobernabilidad y Desarrollo. Ya se nos hacía raro el “turrón de azúcar” en que se había convertido Alejandro Vázquez Cuevas, dirigente estatal del PAN, con el gobernador, al grado de manifestar que seguían en el pacto y apoyan en todo al mandatario.
Así que la convocatoria para elegir el sucesor de Rene Mariani Ochoa, ya está negociado. De nada sirvió la convocatoria, ni las audiencias, ni la terna que se presentará al pleno de la legislatura. Se corre la versión de que los nuevos funcionarios serán Mauricio Audirac Murillo, como Auditor General (PRI); Gonzalo Morgado Huesca, en Administración y Finanzas (PRI); Domingo Yorio Saqui, como auditor especial (PRI); Víctor Silva Morales, también como auditor especial (PAN); Ludiveth Contreras, directora de Auditoría a la Inversión Física (PAN); y Laura González Valerio, en la Dirección de Auditoría al Gasto Publico (PAN). Estos son los principales, pero se repartirán entre el PAN y el PRI hasta los jefes de área.
En Veracruz todo es tan mágico que Mauricio Audirac Murillo, originario de Cosamaloapan, fue inhabilitado un año por la federación, pero dice que eso ya pasó; el diputado federal Francisco Ávila Camberos, se queja de que Audirac protegió el saqueo de el ex alcalde de Veracruz, José Ramón Gutiérrez de Velasco, y todavía Don Mauricio tiene un contrato de servicios con la Secretaría de Finanzas para realizarle auditoría a la cuenta pública del año 2005 del primer año de gobierno fidelista, y ahora él mismo se va a revisar su propia auditoría. ¿Cómo la ven?
