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TERROR POLICIACO ¿Y GIBB?



César Augusto Vázquez Chagoya
13 de julio 2006



No es fácil combatir al crimen organizado: sus elementos están mejor entrenados, tienen superioridad en armas, la enorme corrupción para comprar a todas las policías y sobretodo el factor sorpresa para poder actuar en pasar drogas y ejecutar a sus enemigos portando todos los uniformes de cualquier policía o miembros del Ejército. En la región de Poza Rica en el mes de mayo, se ejecutaron a varias personas, y si bien es cierto no han quedado impunes, también han sido mandados mensajes serios a los más altos mandos del Gobierno del Estado para que dejen en paz a los narcotraficantes.

El 6 de mayo, es levantado por un comando armado el empresario gasolinero Daniel Zárate Rodríguez en Poza Rica, quien había sido inmiscuido en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Gualadajara, siendo escolta de Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo”. Fue detenido y exonerado y después se le ligó como guardaespaldas del “Señor de los Cielos” Amado Carrillo Fuentes, y al parecer en el secuestro del empresario de Poza Rica Carlos Salomón Taboada. Zárate fue encontrado junto con un ayudante, torturados y con un ancla en el ano, después que el mar los regresó a tierra allá por Tamiahua.

El 16 de mayo, es asesinado de un tiro por la espalda en el estacionamiento de tienda SAM´S, Maximiliano Gaona Castelán, quien iba acompañado de su pareja en ese momento Suemy Rafaela Alamilla Olguín, quien fue auxiliada por su hermana Ruth de los mismos apellidos, doctora de profesión, momentos después del crimen. Gaona Castelán se había vuelto rico de la noche a la mañana. Antes andaba metido en delitos de amenazas y fraudes cibernéticos y en ese momento tenía un negocio de compra y venta de inmuebles.

El 19 de mayo, en la Congregación de El Chote, municipio de Papantla, es detenido en su negocio por supuestos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (perteneciente a la PGR) el comerciante Tomás Hernández Palacios (a) “El Fantomas”, dedicado al transporte del combustible y encontrado días después cerca de la planta nucleoeléctrica “Laguna Verde”, torturado y también con un ancla en el ano.

En este crimen hay un nuevo elemento, y es que los familiares lo primero que hicieron después de la desaparición del Fantomas, fue ir a ver al diputado federal Rómulo Isael Salazar Macias (metido en varios hechos sangrientos en el Totonacapan, entre ellos en el homicidio del síndico de Coyutla Miguel Alfonso Vázquez, cometido el 6 de mayo del 2005) y fue él quien denunció la desaparición de Tomas Hernández Palacios ante el Ministerio Público.

También en estas ejecuciones del “ancla”, eran efectuadas a personas ligadas a Martín Rojas López, el “zar de las gasolinas”, preso en el penal de Tuxpan, acusado por evasión fiscal y según la Procuraduría General de la República, principal sospechoso del homicidio del periodista Raúl Gibb Guerrero.

Ante estas ejecuciones que tuvieron amplia difusión y las voces de alarma de legisladores, sociedad y empresarios, vino una luz y el 19 de junio en el estacionamiento del centro comercial Soriana de Poza Rica, agentes de la Policía Ministerial del Estado detuvieron después de una balacera a Miguel Arroyo Ríos o Pedro Rivera Avendaño (a) “El Chiapaneco”, a quienes los familiares de Tomas Hernández Palacios lo reconocieron como uno de los que se llevaron secuestrado al transportista.

Al “Chiapaneco” le fue encontrado un arsenal y fue determinado su domicilio en Coatzintla, es decir: operaba desde Costa Esmeralda hasta Pánuco. Es miembro de los Zetas. Las autoridades estatales cruzaron información con la Procuraduría General de la República y la Subsecretaria en contra de la Delincuencia Organizada (SIEDO) lo reclamó y se lo llevaron a México vía aérea.

Ese mismo día, el jefe del grupo que atrapó a “El Chiapaneco”, Luis Miguel Herrera García, entre Gutiérrez Zamora y Papantla, fue emboscado desde 5 vehículos logrando sólo herirlo y su acompañante resultó ileso. Pidiendo auxilio por radio, la Policía Federal Preventiva logra localizar un vehículo de los sicarios cerca de la comunidad de Los Pablos, municipio de Papantla, donde se encontraron armas, entre ellas un rifle R-15 propiedad del Ejército Mexicano y una chaqueta con el escudo de la Policía Federal Preventiva.

El hecho de entregar a Miguel Arroyo (a) “El Chiapaneco” a la SIEDO, causó una molestia en el crimen organizado veracruzano. El mensaje es claro: debían haberlo consignado por el homicidio de Tomás Hernández Palacios y no entregarlo a las autoridades federales, porque es persona clave en otros homicidios en varias partes del país. Las repercusiones fueron inmediatas: el atentado a Luis Miguel Herrera; a un grupo de la Policía Ministerial con base en Naranjos que viajaban a Ozuluama un comando los paró en la carretera, los encañonaron, los “acalambraron” y los dejaron ir; en una gasolinera de Tampico Alto, el delegado de Seguridad Pública en Pánuco Gaspar Landa, fue rodeado de un comando y lo cachetearon. Empezó el terror policíaco.

En vista de los acontecimientos, el 22 de junio el gobernador Fidel Herrera Beltrán, realizó exactamente una gira en donde se dan los ataques del crimen organizado, con la finalidad de tranquilizar a los empresarios y respaldar a sus policías. En esa ocasión, yendo al lugar donde se efectuaría la reunión con los empresarios de Poza Rica, alguien se percató de que una patrulla de Seguridad Pública seguía el convoy del mandatario y por radio se pedía su identificación y resultó que no pertenecía a ningún grupo, delegación o región.

Se buscó por todo Poza Rica la patrulla “fantasma” y nadie dio con ella. Mientras, el 23 de junio, aparecía en el ejido Las Flores un ejecutado completamente quemado, cerca del lugar donde llegaría el gobernador en gira de trabajo. Ante la intimidación, vino otro golpe espectacular de la Policía Ministerial, al detener a los presuntos asesinos de Maximiliano Gaona, resultando como autor material Cristóbal Salomón del Ojo, quien fue contratado para cometer el crimen por 100 mil pesos por el chofer de Maximiliano, Lorenzo Abelardo Olguín Barrón, primo de la amasia del asesinado Suemy Alamilla Olguín.

Lo interesante de este crimen es que las autoras intelectuales Suemy y su hermana Ruth, se llevaron un maletín del finado donde se asegura que había tres millones de pesos. El crimen fue planeado con anticipación, porque Maximiliano había puesto varias propiedades a nombre de Abelardo y de Suemy, suponiéndose que estas pertenecían al “Zar de las gasolinas” Martín Rojas López. Tanto Suemy, como su hermana Ruth, están prófugas.

Lo importante de todo esto (aparte del enojo de los narcotraficantes que ya no respetan nada), hay datos curiosos y volvemos a ver a los mismos personajes inmiscuidos en los últimos crímenes en el Totonacapan: el diputado federal Rómulo Isael Salazar Mejia, en el asunto de Tomas Hernández Palacios; y Martín Rojas López, ligado a Zárate, Tomás y a Maximiliano.

Ruth Alamilla Olguín aparece en la averiguación previa de la Procuraduría General de la República sobre el asesinato de Raúl Gibb Guerrero en el 2005, como jefa de “El cacarizo”, hijo de la comandante de la Policía Auxiliar, Magdalena Huesca. “El Cacarizo” juntos con otros, fueron contratados por primera vez para matar al editor de “La Opinión de Poza Rica” en el 2001, mientras corría en el campo de la escuela primaria Maria Enriqueta Camarillo.

Según datos recabados en el andar de “El Chiapaneco”, se logró saber que la mayoría de los 7 ejecutados en el Nuevo Paraje en Amatlán, cerca de Córdoba, son de una comunidad llamada Arroyuelos, cercano a Costa Esmeralda. Ningún familiar fue a identificar a sus muertos por miedo al narcotráfico, ya que no querían que se supiera de dónde eran y no mancharan de publicidad la región. Mientras, Seguridad Pública Estatal reforzó con armamento y chalecos antibalas la región de Poza Rica ¿Dónde están la PGR y el Ejército Mexicano, que de plano ya levantaron sus retenes en esa región?


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