Por años los reclusorios del estado han estado mal. En sexenios anteriores, con todo y los hacinamientos, lugares insalubres y cero readaptación social, se mantenían los penales bajo control, al aceptar la autoridad que no los podían controlar y que los autogobiernos de los internos era la mejor forma para que se hicieran ricos los funcionarios con dinero limpio y se mantuviera el orden; los líderes de los reclusos hacían su “bolsita” para su salida y los custodios completarían los míseros salarios que reciben.
En un penal o reclusorio de Veracruz se cobra de todo: desde el pago por no hacer limpieza, hasta el tener una cama con colchón, o que no lo molesten, comer mejor, tener acceso a áreas restringidas, visitas conyugales (así sean de casa o de la prostitucion interna). Tener privilegios como alquilar la radio o un televisor, y entre tantas cosas como tener acceso a consumir lo que se le antoje. Todo es negocio, desde la tienda y las concesiones para vender droga, cigarros, alquilar hamacas, etc. Las artesanías, parte de las ganancias se quedaban ahí, por dejarlos trabajar.
La mecánica de la corrupción en los penales ya todos la sabían, desde familiares y abogados. Al inicio del sexenio fidelista se empezó a descomponer la disciplina interna en los penales al nombrar directores sin ninguna experiencia penitenciaria, ya ni siquiera para pedirles estudios en criminalística.
Como ejemplo, en el penal de Pacho Viejo es director Everardo Serna Rodríguez, ex líder estudiantil, cuyo único mérito en la vida, es habérsela pasado de bar en bar; y ahora que no toma, de café en café, donde sentado le llegó la suerte de tener a cargo uno de los penales en mejores condiciones y cerca de la capital del estado. Así como Everardo, se nombró a improvisados en los demás reclusorios, y empezaron los muertos por riñas y los que se “caían de las literas”, porque los nuevos funcionarios se ponían a pelear o a dividir los sistemas de autocontrol para tener más dinero, y las amenazas a los líderes de que serían trasladados a otro reclusorio si no cumplían con sus cuotas económicas.
La cuerda tenía que reventar. Las recomendaciones no servían para los penales, porque en vez de mantener todo tranquilo, rompieron el equilibrio. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene documentadas todas las anomalías de los 22 penales estatales, pero por falta de presupuesto y de una reforma a fondo en el sistema penitenciario, se han ido aplazando las soluciones.
Después de la estancia en la Dirección de Reclusorios en el estado, Martha Montoya Barradas, una recomendada de Gustavo Souza Escamilla, y ex miembro de su despacho jurídico con especialidad en derecho civil, puso al rojo vivo el tema de los penales y las grandes ganancias que dejan.
En la gestión de Montoya Barradas, se dio el mayor número de riñas de las que se daban en un sexenio. Se murieron más internos que en los últimos 10 años: tres motines en un sólo año. La señora demasiado aguantó. Ahora entró al relevo Harry Jackson Sosa, político profesional, quien ha tenido mucho contacto con el área de justicia, pero entrando se lo bailó el nuevo director del Penal de Allende del puerto de Veracruz, Ignacio Cervantes Jiménez, al hacerle creer que “como caso mundial, los presos entregarían sus armas punzocortantes voluntariamente” y que la violencia terminaría con el sólo traslado de Óscar Sentíes Alfonsín (a) “El Güero Valle” al penal de Cosamaloapan.
Harry, como político de buena fe, acudió al reclusorio a recibir las supuestas armas, que son instrumentos punzocortantes que se utilizan para hacer los cinturones, hamacas, artesanías, etc. Ese sábado 28 de enero, no se trabajó en el penal para satisfacer al nuevo director del penal Ignacio Cervantes Jiménez, para que quedara bien con el nuevo jefe de Readaptación Social. Después, la segunda mentira, cuando un día antes se trasladó al “Güero Valle” al penal de Cosamaloapan y con eso se supone que se acabaría la violencia, pero la situación es falsa porque el que controla el penal realmente es Marcos Pérez Briceño (a) “El Brisas” y a Oscar Senties se le benefició al mandarlo a Cosamaloapan porque allá radica su millonaria familia.
Con las mentiras de Cervantes Jiménez, no se resuelven los graves problemas del reclusorio Allende y de ninguno. También cómo está eso de que el secretario de Salud va a clausurar el penal de Allende por insalubre: el hombre sueña, mal entiende la política penitenciaria, como el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar, quien dice que se van a trasladar a reos el penal de Allende al nuevo ubicado en Villa Aldama y al de “La Toma” en Amatlán, en el centro del estado.
En primer lugar no se puede clausurar el de Allende (así haya lepra) porque no hay dónde meterlos; pero la cosa es más grave, porque se tendrían que trasladar los juzgados del fuero común a esos lugares y también los federales, porque de no ser así, ya vemos trayendo a un preso de Villa Aldama a declarar a Veracruz o de Amatlan al mismo municipio. No alcanzarían las patrullas policíacas.
Hay algo que no se ha dicho y es que el gobierno federal le metió dinero a la construcción del penal de “Mata Cocuite”, cerca de Veracruz, pero se canceló porque las autoridades federales dicen que el edificio va a tener poca utilidad por el salitre. Si así hubieran pensado los españoles, nunca hubieran construido el fuerte de San Juan de Ulúa, que todavía sigue en pie.
En el anterior tema, ahí está el caso del penal de Orizaba, que por la fuga de tres reos se ordenó que trasladaran a la población penitenciaria al reclusorio de “La Toma”, porque el lugar era insalubre, poco seguro y estaba en pleno centro de la ciudad. La medida fue aplaudida por la sociedad y el ayuntamiento, y ya hacían planes para hacerlo museo u oficinas, pero se echó marcha atrás, porque se les olvidó también llevarse los juzgados.
Así que no puede haber nuevos penales, sino se contemplan a los juzgados.
Eso pasa en Allende: no pueden desmantelarlo sin que se contemplen los juzgados del fuero común y federales. Mientras, Marcos Pérez Briceño (a) “El Brisas” es el rey de Allende, ahora que su competidor Rogelio Olivares, ex comandante de la Policía Judicial Federal, está en un separo del reclusorio de “La Toma”.
El que ya debe dejar de andar haciendo el ridículo con eso de que va a clausurar el penal de Allende, es el secretario de Salud, Jon Rementería, porque son tantos los intereses que se manejan en un reclusorio, que lo menos importante es la salud de los internos.
Los penales que están adentro de las ciudades son los de San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, Veracruz, Orizaba, Jalacingo, Misantla, Poza Rica y Pánuco. Entonces, el problema es de mucho dinero y muchos quieren que las cosas sigan igual por las millonarias ganancias que dejan los reclusorios.
Donde sí está grave la cosa, es en el Centro de Observación y Adaptación Social de Niños y Niñas en conflicto con la ley penal, ubicado en Banderilla, cerca de la capital del estado. Si a los presos de los penales para adultos los tratan como perros, a los niños los tratan peor que basura y los tienen en el olvido total. No se vale.
Harry Jackson Sosa tiene un paquetón por delante y va a cumplir de acuerdo a los recursos que se le destinen. A ver cuántos internos se mueren por “caerse de las literas” este año. La situación de los penales en Veracruz está para una condena internacional por violación de los derechos humanos de los reos. Les falta poquito.
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